El Banco Mundial apoya el cierre de escuelas

Hemos sido testigos de los cierres de secciones aplicados por la DGE, lo que ha suscitado preocupación sobre la dirección que está tomando la educación en nuestra provincia.
Estos cierres se realizan, además, con dudosos procedimientos administrativos, a través de actas y sin la norma legal emitida por la autoridad correspondiente.

Más allá de lo administrativo, estas decisiones no parecen conocer el contexto social de nuestras niñeces. Para muchos niños y niñas de contextos socialmente desfavorables o en la ruralidad, la escuela pública es la posibilidad de formarse y tener un proyecto de vida digno.
La escuela no sólo provee educación, sino que también actúa como un refugio que brinda alimentos, enseña hábitos, y promueve valores. La educación en Argentina y en la provincia de Mendoza tradicionalmente ha brindado a todos sus estudiantes una educación de calidad, independientemente de sus orígenes; y más allá de las dificultades, la escuela pública ofrece una estructura de oportunidades.

Eso no es posible si se cierran secciones en escuelas rurales, dejando a las poblaciones a distancias lejanas de la posibilidad de acceder al derecho educativo; distancia que con el tiempo, provocará ausentismo o abandono. Y, aún, en quienes puedan sostener su escolaridad, un desgaste económico y familiar que atentará contra la calidad de la educación que reciben.Mayor daño pueden provocar este tipo de medidas en los sectores sociales  vulnerados.

Parece Thomas desconocer, que por la dinámica de ciertos barrios, las y los estudiantes no podrán cruzar a otros barrios o asistir a escuelas de las barriadas vecinas por las rivalidades y violencias existentes. Por dar solo un ejemplo de las complejidades que no están siendo tenidas en cuenta.
El sistema en general sufre con estas medidas un estrés reñido con la calidad, dado que las escuelas y grados quedarán con una cantidad de estudiantes tal, que será muy difícil atender a las diversidades y realizar actividades didáctico-pedagógicas significativas, en aulas superpobladas.

Por todo esto abogamos para que Thomas y el Banco Mundial entiendan que la educación es un derecho universal que debe ser protegido y no puede convertirse en un privilegio para unos pocos. Es fundamental que los gobiernos eviten entender la realidad compleja a través de enfoques simplistas, ya que esto puede llevar a decisiones crueles e injustas para aquellos que sean golpeados por este tipo de medidas.